La Audiencia Provincial de Pontevedra a condenado a una empresa a 200.000 euros de multas e inhabilitación para recibir subvenciones o incentivos fiscales o Seguridad Social por 2 años. La empresa podría haberlo evitado si hubiera tenido implantado un programa de prevención de riesgos penales, lo que demostraría la existencia del debido control.
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